La inseguridad del mercado laboral en los Países Bajos

El Consejo Social y Económico de los Países Bajos (SER) asesora al Gobierno y al Parlamento holandeses en materia de política social y económica. Es una de las principales instituciones de diálogo social del país y está formado por representantes de los empresarios y de los trabajadores y por expertos independientes que colaboran para alcanzar acuerdos sobre cuestiones sociales y económicas fundamentales.

En junio de 2021, tras las elecciones generales en los Países Bajos, el SER emitió una declaración de opinión conjunta en la que se proponía un plan de políticas sociales y económicas para su consideración por el gobierno entrante durante su mandato (2021-25). En ella se subrayaba que la precariedad del empleo y la flexibilidad de los acuerdos laborales desempeñan un papel importante a la hora de explicar el aumento de las desigualdades en los Países Bajos. Para construir un mercado laboral inclusivo y seguro y garantizar que las empresas puedan adaptarse a las circunstancias económicas cambiantes según sea necesario, el SER avanzó una serie de propuestas políticas detalladas destinadas a:

1. Restringir el uso de acuerdos laborales flexibles. Para ello, la SER propuso:

• Limitar el número de contratos temporales con el mismo empleador a un máximo de tres contratos durante un máximo de tres años.
• Suprimir los contratos de guardia, incluidos los contratos de cero horas, y sustituirlos por contratos básicos que especifiquen al menos un volumen trimestral de horas a trabajar.
• Regular las actividades de las empresas de trabajo temporal reservando el acceso a este mercado particular a las empresas oficialmente certificadas, así como abogar por que estos trabajadores sean remunerados en igualdad de condiciones.

2. Hacer que los contratos indefinidos sean más atractivos para los empresarios. La SER propuso:

• Facilitar a los empresarios la reducción temporal del tiempo de trabajo para todos los empleados en caso de circunstancias relacionadas con la empresa que, de otro modo, darían lugar a despidos.
• Reembolsar los recargos por contrato flexible a los empresarios que ayuden a los trabajadores a pasar de un contrato flexible a uno indefinido tras un despido de mutuo acuerdo (un plan de transición "de empleo a empleo").
• Garantizar que los empresarios sigan siendo responsables del pago de los salarios cuando los trabajadores estén de baja por enfermedad durante un máximo de dos años, mediante: 1) permitiéndoles asegurarse contra ese riesgo y 2) permitiendo al empresario reorientar los esfuerzos de reintegración de los trabajadores durante el segundo año en lugar de buscar otro empleador. 

3. Abordar el fenómeno de los "falsos autónomos" y mejorar la situación laboral de los auténticos trabajadores independientes:

• Reducir paulatinamente los incentivos fiscales especiales para los autónomos y sustituirlos por ventajas fiscales para aquellos autónomos que efectivamente corren un riesgo empresarial al invertir capital propio.
• Obligar a todos los trabajadores autónomos a contratar un seguro de incapacidad laboral.
• Invertir la carga legal de la prueba sobre la mejora de la remuneración, de modo que los trabajadores autónomos que ganen menos de 30-35 euros por hora se consideren empleados dependientes, y que sea el empresario el que tenga que aportar pruebas en los tribunales para demostrar lo contrario.

4. A más largo plazo, la construcción de una nueva infraestructura política "de empleo a empleo" que se adapte mejor a las demandas del mercado laboral, apoye a las personas en la transición a nuevos empleos y mejore el acceso a carreras estables. El SER identificó dos pilares en esta nueva infraestructura política:

• Promover el aprendizaje permanente de forma estructural, entre otras cosas, incentivando a los interlocutores sociales para que tracen periódicamente las necesidades de cualificación del mercado.
• Desarrollar servicios del mercado laboral que ayuden a los trabajadores a incorporarse a nuevos puestos de trabajo.

Los interlocutores sociales neerlandeses han anunciado que están dispuestos a apoyar y ayudar en la construcción de esta nueva infraestructura política "de empleo a empleo".

En enero de 2022 entró en funciones un nuevo gobierno en los Países Bajos. Un acuerdo de coalición hizo referencia a la declaración de opinión de la SER y se comprometió a aplicarla.

En junio de 2022, la Fundación del Trabajo, una institución bipartita de diálogo social consultivo compuesta por organizaciones de empresarios y trabajadores de ámbito nacional, debatió un proyecto de documento político proporcionado por el gobierno que esbozaba los principios rectores para aplicar las propuestas políticas del SER. Además, los interlocutores sociales indicaron su evaluación positiva de las propuestas del Gobierno. El siguiente paso es un debate en el Consejo de Ministros neerlandés, seguido de una comunicación al Parlamento con el objetivo de lanzar oficialmente el proceso de reforma laboral.